Cuatro años de cárcel para el policía que asesinó a Jonathan Oros
Por Noticiero Popular para Prensa De Frente
Se logró que un caso de gatillo fácil llegara a la Justicia y tuviera condena. Pero todavía no se ha podido desbaratar la cadena de encubrimientos y mentiras. La sentencia a “4 años de prisión e inhabilitación especial por 8 años como autor penalmente responsable de homicidio en exceso de legítima defensa” es una condena mínima que no alcanza para hacer justicia, y mucho menos aún para pensar seriamente en terminar con los actos asesinos de la policía de Mendoza. “EXCESO DE LEGÍTIMA DEFENSA”... ¿De qué exceso estamos hablando cuando la fuerza policial arremete contra los jóvenes de los barrios pobres?
¿Qué pasó ese día?
El 7 de enero de 2007, a las 9:30 de la mañana, Jonathan Oros, un joven de 18 años, recibió 3 disparos en la Comisaría 33 del Bº San Martín, en la Ciudad de Mendoza. En ese momento en la dependencia policial estaban la Oficial a cargo Mónica Arias, y los agentes Ricardo Moyano, Manuel Quiroga y Claudio Marcelo Vaca Reynoso.
Esa misma mañana, cuando Raúl Oros, el padre de la víctima, llegó al hospital para enterarse del estado de su hijo, numerosas personas (en su mayoría uniformados) lo interceptaron en los pasillos interrogándolo sobre lo sucedido, y hasta el mismo agente Vaca fue uno de los que lo retuvo varios minutos contándole una versión falsa de lo sucedido en la comisaría. Cuando finalmente logró llegar a donde estaba su hijo, ya había muerto. Tiempo después personal del hospital le confesó que Jonathan aún estaba consciente mientras a él lo demoraban en los pasillos.
Y como sucede en todos los casos de asesinato policial, inmediatamente después de que Oros fue fusilado se desató un mecanismo de encubrimiento que incluyó el movimiento y la manipulación de todas las pruebas en la escena del crimen (que según la Fiscal del Ministerio Público “pudo haber sido intencional”), la difusión mediática de la versión policial del hecho (que decía que “un joven enloquecido ingresó a los tiros a la comisaría” y que los policías abrieron fuego para defenderse.), contradicciones entre las declaraciones de los implicados y testigos policías, descalificación y todo tipo de amenazas a quienes podrían testificar comprometiendo a los uniformados.
Y todo eso confluye en la absoluta impunidad, salvo que, como sucede en algunas contadas ocasiones, y sólo después de una lucha constante y la presión de la familia, sumado a los datos que van surgiendo de la investigación, se logra quebrar la mentira, y se inicia el proceso por homicidio. Y el que cae en ese proceso es el autor material de los disparos: Claudio Vaca, y nadie más. Como en muchos casos de gatillo fácil el encubrimiento policial acá tampoco fue procesado… y entonces, el encubrimiento sigue actuando: cuando ningún testigo pudo asegurar haber visto a Oros disparar, y no se encontraron marcas en las paredes de la comisaría, ni restos de disparos calibre 22, cuando nada probaba que hubiera existido fuego por parte de Oros (como lo aseguraban las fuentes policiales), meses después del asesinato un perito policial se desdice a sí mismo, y cambia su declaración poniendo en duda su identificación de que un resto plúmbeo hallado en la comisaría era calibre 38, para decir que podría ser de calibre 22. La mentira había encontrado su prueba, y con ese elemento, el fiscal Luis Correa Llano pudo disminuir la gravedad de la carátula de “homicidio agravado” a “homicidio en exceso de legítima defensa”, lo que además permitió que Vaca quedara en libertad hasta el juicio.
Y por si la impunidad y la falsedad no eran aún lo suficientemente explícitas, escuchamos el alegato final de la Fiscal del Ministerio de Seguridad de Mendoza, pidiendo se declare al acusado “inocente”, ya que al parecer de dicha fiscalía Vaca “actuó legítimamente, defendiendo su vida y la de sus compañeros”. Y para sostener esa versión heroica del imputado, simplemente aseguraba que la declaración de Cristian Cifuentes es falsa (Cifuentes, el único testigo presencial civil, es un vecino de la zona, que se animó a declarar, sin contradecirse nunca, siete veces que ese día volvía de la panadería cuando vio a un joven en la vereda de la Comisaría, de pie y sin armas, y a dos policías masculinos y una policía femenina, armados en frente de él, y al “gordo” Vaca dispararle al estómago a Oros, de frente y a una distancia de 5 metros. Luego del disparo, vio caer el cuerpo herido de Jonathan Oros al suelo.)
La condena
Por otro lado, la condena afecta sólo al agente Vaca, pero ni Ricardo Moyano, ni Manuel Quiroga, ni Mónica Arias han sido procesados por encubrimiento. Sólo la parte querellante pidió, además del cambio de carátula por “homicidio simple” y la condena de 12 años para el imputado, el cargo de encubrimiento para los demás policías que participaron en los hechos y que a lo largo del juicio fueron mintiendo reiteradamente a favor del acusado Vaca.
Que implica en definitiva, la condena dictaminada en el día 18 de junio de 2008 por los jueces Agustín Chacón, Gabriela Urziolo y Pedro Carrizo de la 7º Cámara del Crimen de Mendoza: “En general, cuando hay un poderoso o un policía implicado, siempre es mucho más difícil en la Justicia llegar a una condena. Acá logramos una condena, entonces ha quedado claro que hubo un delito, y que ese delito lo cometió una persona que lo ha hecho en uso de su uniforme, del arma y de la confianza que le había otorgado la sociedad”, declaró el abogado querellante por la familia Oros, el Doctor Pablo Salinas. “Es una burla. ¿Por qué la Justicia no le cree a un testigo que vio como ejecutaban a mi hijo sin armas en la mano? La justicia no es justicia, nosotros somos pobres y los pobres tienen que pagar con todo esto”, dijo Raúl Oros. “Para mi hijo no hubo justicia, pero vamos a seguir luchando para que los otros casos de gatillo fácil no queden sin justicia.”
Yeni Chandía, madre de Jonathan Chandía, asesinado por la policía en el 2007, e integrante de la asociación “Madres del Dolor” dijo: “Es aberrante, es una vergüenza el juicio que ha sucedido ahora. Lo cubren, lo protegen para que nadie lo vea y entonces cuando salga de la cárcel nadie lo reconozca, o sea que en tres años vamos a tener a un asesino conviviendo entre nosotros, y después de 8 años va a volver a la institución policial, y no sabemos si va a volver a matar”. Asimismo indicó que próximamente se inician los juicios por los asesinatos de Mauricio Morán, Jonathan Chandía, Cristian Reyes y Nito Sosa, cuatro casos más de gatillo fácil en una provincia que se enorgullece y acrecienta constantemente su fuerza policial.
